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ÁREAS PROTEGIDAS EN URUGUAY: EL COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTEÁREAS PROTEGIDAS EN URUGUAY: EL COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

ÁREAS PROTEGIDAS EN URUGUAY: EL COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
Andrea Chinazzo y Álvaro González.
Una de las principales herramientas utilizadas hasta la fecha en Uruguay para combatir las amenazas ambientales ha sido la creación de Áreas Protegidas.
Las primeras Áreas Protegidas  del país se establecieron a principios del siglo 20, cabe indicar que al inicio de ese siglo ya existían 26 áreas, concediéndoseles un grado de protección legal a través  de diferentes leyes, decretos nacionales o resoluciones municipales. No obstante es recién en el año 2000 que con la sanción de la ley   se estableció propiamente dicho un sistema nacional de  áreas protegidas, en el Uruguay.
A través de una serie de esfuerzos del Gobierno y con el apoyo del FMAM a través del PNUD se creó la base jurídica del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en 2000 cuya reglamentación fue aprobada en el año 2005 a través del Decreto 50/2005.
Cabe mencionar que las dos primeras áreas protegidas fueron incluidos en el sistema en el año 2008, luego de seguir con éxito es procedimiento de ingreso. Como bien lo señalan los estudiosos del tema, debido a los altos niveles históricos de actividad productiva que han afectado a la mayoría del país, y la ausencia de grandes extensiones de tierras “improductivas” (como las montañas y los desiertos), la formación de un patrimonio nacional de AP en Uruguay ha sido un reto hacia la protección del ambiente. Las áreas establecidas originalmente tenían características y objetivos muy heterogéneos y fueron creados en gran medida de una manera ad hoc, y no como parte de una estrategia para la conservación de la diversidad biológica.
Con la ayuda financiera de organismos internacionales, Uruguay ha podido desarrollar un proyecto de fomento  al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay, ello ha redundado en importantes avances en la consolidación de las mismas, contando para ello con una sólida base legal, así como también con  directrices aprobadas que describen los criterios para la para la creación formal  de un áreas protegida o la incorporación de las ya existentes al sistema.
Es preciso indicar que en dicho proceso se asegura la participación ciudadana local, a través de consultas a los actores más relevantes y audiencias públicas, entre otras. Hasta la fecha, se han aprobado 11 áreas protegidas que cubren 129.153 hectáreas, estando a estudio aún  5 más las cuáles abarcarían un total de 230.182 hectáreas.
Actualmente la legislación habilita tanto a instituciones públicas, como privadas como ser las provenientes de la sociedad civil organizada la gestión de las áreas protegidas, de conformidad con los requisitos ambientales, sociales y económicos previstos para ello, en el Plan de Manejo desarrollado y aprobado para cada área. Dicho Plan deberá ser consensuado por los actores públicos y privados concernidos en la gestión y conservación de cada área.
Otro aspecto de enorme significancia para la preservación del ambiente  está dado por las grandes reservas de fauna y flora que albergan las áreas protegidas, dado que son espacios imprescindibles para la protección de la biodiversidad.
En la actualidad el SNAP cuenta con una lista de especies prioritarias para su conservación, identificando 27 mamíferos, 53 aves, 16 anfibios, 30 reptiles, 18 moluscos terrestres y 788 especies de plantas.
Finalmente resta decir que la autoridad pública competente es el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, responsable  de aprobar la gestión del Plan de Manejo y su supervisación, quien actúa mancomunadamente con las Comisiones Asesoras Específicas integradas representantes del Poder Ejecutivo, las autoridades locales, municipios, los propietarios de las tierras incorporadas a las áreas protegidas,  los residentes locales en la zona y las ONG ambientales con las actividades relacionadas con el área. En la mayoría de las plataformas de desarrollo rural promovidos por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, también funcionan estas comisiones.  Es de destacar la participación especial del Ministerio de Turismo y Deporte quien desarrolla actividades de educación, promoción y gestión de turismo responsable en dichas áreas.

ÁREAS PROTEGIDAS EN URUGUAY: EL COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
Andrea Chinazzo y Álvaro González.
Una de las principales herramientas utilizadas hasta la fecha en Uruguay para combatir las amenazas ambientales ha sido la creación de Áreas Protegidas.
Las primeras Áreas Protegidas  del país se establecieron a principios del siglo 20, cabe indicar que al inicio de ese siglo ya existían 26 áreas, concediéndoseles un grado de protección legal a través  de diferentes leyes, decretos nacionales o resoluciones municipales. No obstante es recién en el año 2000 que con la sanción de la ley   se estableció propiamente dicho un sistema nacional de  áreas protegidas, en el Uruguay.
A través de una serie de esfuerzos del Gobierno y con el apoyo del FMAM a través del PNUD se creó la base jurídica del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en 2000 cuya reglamentación fue aprobada en el año 2005 a través del Decreto 50/2005.
Cabe mencionar que las dos primeras áreas protegidas fueron incluidos en el sistema en el año 2008, luego de seguir con éxito es procedimiento de ingreso. Como bien lo señalan los estudiosos del tema, debido a los altos niveles históricos de actividad productiva que han afectado a la mayoría del país, y la ausencia de grandes extensiones de tierras “improductivas” (como las montañas y los desiertos), la formación de un patrimonio nacional de AP en Uruguay ha sido un reto hacia la protección del ambiente. Las áreas establecidas originalmente tenían características y objetivos muy heterogéneos y fueron creados en gran medida de una manera ad hoc, y no como parte de una estrategia para la conservación de la diversidad biológica.
Con la ayuda financiera de organismos internacionales, Uruguay ha podido desarrollar un proyecto de fomento  al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay, ello ha redundado en importantes avances en la consolidación de las mismas, contando para ello con una sólida base legal, así como también con  directrices aprobadas que describen los criterios para la para la creación formal  de un áreas protegida o la incorporación de las ya existentes al sistema.
Es preciso indicar que en dicho proceso se asegura la participación ciudadana local, a través de consultas a los actores más relevantes y audiencias públicas, entre otras. Hasta la fecha, se han aprobado 11 áreas protegidas que cubren 129.153 hectáreas, estando a estudio aún  5 más las cuáles abarcarían un total de 230.182 hectáreas.
Actualmente la legislación habilita tanto a instituciones públicas, como privadas como ser las provenientes de la sociedad civil organizada la gestión de las áreas protegidas, de conformidad con los requisitos ambientales, sociales y económicos previstos para ello, en el Plan de Manejo desarrollado y aprobado para cada área. Dicho Plan deberá ser consensuado por los actores públicos y privados concernidos en la gestión y conservación de cada área.
Otro aspecto de enorme significancia para la preservación del ambiente  está dado por las grandes reservas de fauna y flora que albergan las áreas protegidas, dado que son espacios imprescindibles para la protección de la biodiversidad.
En la actualidad el SNAP cuenta con una lista de especies prioritarias para su conservación, identificando 27 mamíferos, 53 aves, 16 anfibios, 30 reptiles, 18 moluscos terrestres y 788 especies de plantas.
Finalmente resta decir que la autoridad pública competente es el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, responsable  de aprobar la gestión del Plan de Manejo y su supervisación, quien actúa mancomunadamente con las Comisiones Asesoras Específicas integradas representantes del Poder Ejecutivo, las autoridades locales, municipios, los propietarios de las tierras incorporadas a las áreas protegidas,  los residentes locales en la zona y las ONG ambientales con las actividades relacionadas con el área. En la mayoría de las plataformas de desarrollo rural promovidos por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, también funcionan estas comisiones.  Es de destacar la participación especial del Ministerio de Turismo y Deporte quien desarrolla actividades de educación, promoción y gestión de turismo responsable en dichas áreas.

ÁREAS PROTEGIDAS EN URUGUAY: EL COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTEAndrea Chinazzo y Álvaro González.Una de las principales herramientas utilizadas hasta la fecha en Uruguay para combatir las amenazas ambientales ha sido la creación de Áreas Protegidas. Las primeras Áreas Protegidas  del país se establecieron a principios del siglo 20, cabe indicar que al inicio de ese siglo ya existían 26 áreas, concediéndoseles un grado de protección legal a través  de diferentes leyes, decretos nacionales o resoluciones municipales. No obstante es recién en el año 2000 que con la sanción de la ley   se estableció propiamente dicho un sistema nacional de  áreas protegidas, en el Uruguay.A través de una serie de esfuerzos del Gobierno y con el apoyo del FMAM a través del PNUD se creó la base jurídica del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en 2000 cuya reglamentación fue aprobada en el año 2005 a través del Decreto 50/2005.Cabe mencionar que las dos primeras áreas protegidas fueron incluidos en el sistema en el año 2008, luego de seguir con éxito es procedimiento de ingreso. Como bien lo señalan los estudiosos del tema, debido a los altos niveles históricos de actividad productiva que han afectado a la mayoría del país, y la ausencia de grandes extensiones de tierras “improductivas” (como las montañas y los desiertos), la formación de un patrimonio nacional de AP en Uruguay ha sido un reto hacia la protección del ambiente. Las áreas establecidas originalmente tenían características y objetivos muy heterogéneos y fueron creados en gran medida de una manera ad hoc, y no como parte de una estrategia para la conservación de la diversidad biológica.Con la ayuda financiera de organismos internacionales, Uruguay ha podido desarrollar un proyecto de fomento  al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay, ello ha redundado en importantes avances en la consolidación de las mismas, contando para ello con una sólida base legal, así como también con  directrices aprobadas que describen los criterios para la para la creación formal  de un áreas protegida o la incorporación de las ya existentes al sistema.Es preciso indicar que en dicho proceso se asegura la participación ciudadana local, a través de consultas a los actores más relevantes y audiencias públicas, entre otras. Hasta la fecha, se han aprobado 11 áreas protegidas que cubren 129.153 hectáreas, estando a estudio aún  5 más las cuáles abarcarían un total de 230.182 hectáreas. Actualmente la legislación habilita tanto a instituciones públicas, como privadas como ser las provenientes de la sociedad civil organizada la gestión de las áreas protegidas, de conformidad con los requisitos ambientales, sociales y económicos previstos para ello, en el Plan de Manejo desarrollado y aprobado para cada área. Dicho Plan deberá ser consensuado por los actores públicos y privados concernidos en la gestión y conservación de cada área.Otro aspecto de enorme significancia para la preservación del ambiente  está dado por las grandes reservas de fauna y flora que albergan las áreas protegidas, dado que son espacios imprescindibles para la protección de la biodiversidad.En la actualidad el SNAP cuenta con una lista de especies prioritarias para su conservación, identificando 27 mamíferos, 53 aves, 16 anfibios, 30 reptiles, 18 moluscos terrestres y 788 especies de plantas. Finalmente resta decir que la autoridad pública competente es el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, responsable  de aprobar la gestión del Plan de Manejo y su supervisación, quien actúa mancomunadamente con las Comisiones Asesoras Específicas integradas representantes del Poder Ejecutivo, las autoridades locales, municipios, los propietarios de las tierras incorporadas a las áreas protegidas,  los residentes locales en la zona y las ONG ambientales con las actividades relacionadas con el área. En la mayoría de las plataformas de desarrollo rural promovidos por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, también funcionan estas comisiones.  Es de destacar la participación especial del Ministerio de Turismo y Deporte quien desarrolla actividades de educación, promoción y gestión de turismo responsable en dichas áreas.
ÁREAS PROTEGIDAS EN URUGUAY: EL COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTEAndrea Chinazzo y Álvaro González.Una de las principales herramientas utilizadas hasta la fecha en Uruguay para combatir las amenazas ambientales ha sido la creación de Áreas Protegidas.Las primeras Áreas Protegidas  del país se establecieron a principios del siglo 20, cabe indicar que al inicio de ese siglo ya existían 26 áreas, concediéndoseles un grado de protección legal a través  de diferentes leyes, decretos nacionales o resoluciones municipales. No obstante es recién en el año 2000 que con la sanción de la ley   se estableció propiamente dicho un sistema nacional de  áreas protegidas, en el Uruguay.A través de una serie de esfuerzos del Gobierno y con el apoyo del FMAM a través del PNUD se creó la base jurídica del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en 2000 cuya reglamentación fue aprobada en el año 2005 a través del Decreto 50/2005.Cabe mencionar que las dos primeras áreas protegidas fueron incluidos en el sistema en el año 2008, luego de seguir con éxito es procedimiento de ingreso. Como bien lo señalan los estudiosos del tema, debido a los altos niveles históricos de actividad productiva que han afectado a la mayoría del país, y la ausencia de grandes extensiones de tierras “improductivas” (como las montañas y los desiertos), la formación de un patrimonio nacional de AP en Uruguay ha sido un reto hacia la protección del ambiente. Las áreas establecidas originalmente tenían características y objetivos muy heterogéneos y fueron creados en gran medida de una manera ad hoc, y no como parte de una estrategia para la conservación de la diversidad biológica.Con la ayuda financiera de organismos internacionales, Uruguay ha podido desarrollar un proyecto de fomento  al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay, ello ha redundado en importantes avances en la consolidación de las mismas, contando para ello con una sólida base legal, así como también con  directrices aprobadas que describen los criterios para la para la creación formal  de un áreas protegida o la incorporación de las ya existentes al sistema.Es preciso indicar que en dicho proceso se asegura la participación ciudadana local, a través de consultas a los actores más relevantes y audiencias públicas, entre otras. Hasta la fecha, se han aprobado 11 áreas protegidas que cubren 129.153 hectáreas, estando a estudio aún  5 más las cuáles abarcarían un total de 230.182 hectáreas.Actualmente la legislación habilita tanto a instituciones públicas, como privadas como ser las provenientes de la sociedad civil organizada la gestión de las áreas protegidas, de conformidad con los requisitos ambientales, sociales y económicos previstos para ello, en el Plan de Manejo desarrollado y aprobado para cada área. Dicho Plan deberá ser consensuado por los actores públicos y privados concernidos en la gestión y conservación de cada área.Otro aspecto de enorme significancia para la preservación del ambiente  está dado por las grandes reservas de fauna y flora que albergan las áreas protegidas, dado que son espacios imprescindibles para la protección de la biodiversidad.En la actualidad el SNAP cuenta con una lista de especies prioritarias para su conservación, identificando 27 mamíferos, 53 aves, 16 anfibios, 30 reptiles, 18 moluscos terrestres y 788 especies de plantas.Finalmente resta decir que la autoridad pública competente es el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, responsable  de aprobar la gestión del Plan de Manejo y su supervisación, quien actúa mancomunadamente con las Comisiones Asesoras Específicas integradas representantes del Poder Ejecutivo, las autoridades locales, municipios, los propietarios de las tierras incorporadas a las áreas protegidas,  los residentes locales en la zona y las ONG ambientales con las actividades relacionadas con el área. En la mayoría de las plataformas de desarrollo rural promovidos por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, también funcionan estas comisiones.  Es de destacar la participación especial del Ministerio de Turismo y Deporte quien desarrolla actividades de educación, promoción y gestión de turismo responsable en dichas áreas.

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